Tras la condena anunciada por la justicia provincial, que obligaría a diversos periodistas locales a pagar una suma millonaria al Gobernador como resarcimiento por presuntos daños y perjuicios, el Senador Nacional Luis Naidenoff declaró que “es un intento más de aniquilar la libertad de prensa, un intento absolutamente grosero de apriete y censura a los periodistas y medios”.
“El denominador común del autoritarismo es la mordaza y el silenciamiento a periodistas, y como consecuencia el aniquilamiento de la libertad de prensa”, manifestó. “Con este fallo lo que se pretende instalar es que nadie tiene el derecho a manifestar libremente lo que siente o piensa sobre determinados hechos que puedan afectar a funcionarios públicos”, agregó.
La condena, firmada por la Jueza Civil Giselle Verónica Drovandi, atribuye a los periodistas condenados la responsabilidad por los comentarios que hace 2 años, hiciera en sus programas un oyente anónimo referidos al Gobernador.
Naidenoff expresó que “este gobierno no reconoce otra categoría que no sea la de obedientes o enemigos. Su avasallamiento sobre los medios de comunicación no es nada nuevo: amedrentamientos contra periodistas, presión económica y manejo discrecional de la pauta oficial. Y no es solo con los medios, es con la libertad de expresión en general, quien quiera que sea el que la ejerce”.
Calificó al fallo como un “precedente gravísimo, porque amenaza a los medios de comunicación a no generar espacios para que la gente se exprese”.
“No hace todavía un año del episodio en que cortaron la transmisiòn de la homilía del obispo en la fiesta patronal de la Virgen del Carmen por temor a que este hablara en contra de la decisión del Gobierno de imponer la instalación de Dioxitek en Formosa” recordó el Senador para luego agregar que “tampoco tenemos que olvidar cuando amenazaron a periodistas en forma oficial con la quita de pauta si no pasaban cada 15 minutos publicidad de Dioxitek.”
El candidato a gobernador consideró que “esta no es una demanda más entre privados, lo que está en juego es la libertad de expresión en la provincia. No se puede responsabilizar al medio y a los periodistas por las opiniones vertidas por un oyente. Es un precedente gravísimo, porque amenaza a los medios de comunicación a no generar espacios para que la gente se exprese por temor a las consecuencias que puedan traerle al medio y a los periodistas. Si los ciudadanos no tienen estos espacios para hablar públicamente y transmitir sus opiniones, porque más que uno pueda o no coincidir con ellas, se está dañando uno de los fundamentos básicos de la democracia”, advirtió.
“Más allá de su contenido, no puede sorprendernos tampoco la forma en que llega este apriete avalado por la Justicia provincial. Este fallo deja al descubierto un Estado a la medida del Gobernador, donde una Jueza puede dar marco de legalidad con un fallo irracional a lo que no es más que un atropello a la libertad de prensa”, sentenció.
“Cuando la propia Jueza en el fallo dice textualmente que “tengo en cuenta las condiciones personales de la víctima, tal como la actividad pública que lleva adelante desde hace ya muchos años de manera intachable” deja en evidencia la total falta de independencia y de objetividad a la hora de juzgar los hechos y establecer las penas”, explicó.
“El fallo sienta otro precedente para una democracia absolutamente degradada donde un funcionario público está por encima de la Ley y la Constitución, donde los derechos y garantías se ven completamente cercenados para dar cumplimiento a la regla de oro: una condena ejemplar a periodistas porque un oyente ha hecho uso de la libertad de opinar”, finalizó.
