Los periodistas argumentaron en su presentación que por imperio de las leyes y la Constitución establecen que ese tipo de delitos debe ser investigado por la Justicia Federal, por esa razón plantearon la incompetencia de Rubén Spessot.
Al mismo tiempo consideraron que la citación a prestar declaración testimonial en una causa penal es más “un intento de intimidación” y vulnera principios constitucionales como el secreto de las fuentes periodísticas.
Los tres afectados por la decisión del magistrado Spessot de citarlos a declarar y la advertencia de que se podría recurrir a la fuerza pública coincidieron en señalar que “esa acción no es otra cosa que un acto de intimidación y persecución a periodistas que publican noticias y opiniones que afectan al poder político provincial”.
Hernández y Giménez recordaron que no era la primera vez que la justicia provincial avanza sobre los derechos constitucionales de los periodistas, en particular de ellos dos, y que ven en estas citaciones irregulares una maniobra tendiente a instalar temor entre la comunidad periodística y sobre un mensaje para el resto de la sociedad donde el poder político en coordinación con algunos jueces es asustar a la comunidad para que no ejerza sus derechos constitucionales de libre expresión.
