Su referencia tiene que ver con la exposición que en la víspera hicieran dirigentes de la UCR local, donde además “presentaron supuestos documentos con los cuáles quedaría en evidencia la forma en la institución ejecuta las referidas actividades ilícitas”.
Para el jefe policial “la denuncia pública formulada, que intenta comprometer la responsabilidad institucional en presuntos seguimientos y otras operaciones de vigilancia ilegal, es absolutamente carente de todo sustento factico y jurídico”; dejando en claro que “la policía provincial actúa, y lo ha hecho siempre, en el más irrestricto respeto de los derechos y garantías ciudadanas, en el marco de un estado de derecho en el que no se admiten acciones contrarias a la ley”.
Amplio afirmando que “los planes de trabajo de inteligencia e investigación criminal, en la estructura orgánica policial, no contemplan planes antidemocráticos, por lo que es a todas luces un grave error vincular a la policía de la provincia, en hechos tan repudiables”.
“No existe directiva o cabida para prácticas proscritas en democracia. La policía no avala estos ilícitos, al contrario, es función esencial de la institución perseguir toda acción que configure un injusto penal” (Juan Escobar).
Insistió finalmente en enfatizar que “la Policía de la provincia de Formosa es totalmente ajena a todo acto que implique vulnerar derechos y garantías constitucionales”, subrayando concluyente en que “el accionar de nuestra fuerza lo es en el marco del pleno estado de derecho del que gozamos todos los ciudadanos argentinos; por lo que estas falaces acusaciones son de extrema gravedad y las mismas ameritan esta aclaración, por la significativa preocupación que generan en la ciudadanía toda, los mendaces hechos en su magnitud denunciados públicamente”.