En medio de las denuncias que que involucran al diputado nacional Luis Basterra, y una banda de estafadores que decía vender autos de alta gama, camionetas y camiones retenidos en la Aduana.
Al parecer, la banda tenía conexiones locales. Al menos, llama la atención la existencia de una factura de un abogado radical clorindense que le cobró 4 mil pesos a un hombre a modo de «seña» por una camioneta Toyota Hilux «full» modelo 2010.
La diferencia entre el accionar en la capital del país y Formosa es que los delitos y estafas cometidos aquí ni se investigan y tampoco, hasta ahora, fueron denunciados.
Aquí existen documentaciones y la intermediación de un conocido abogado de Clorinda. La plata de las señas y los adelantos se la llevaban en efectivo pero facturados por el letrado. NoticiasFormosa pudo saber que el profesional confeccionaba las facturas «de puño y letra» y, además, le ponía su firma y sello.
El costo total del vehículo es de 60 mil pesos. Monto muy inferior al valor de mercado.
El caso ha provocado muchas suspicacias en la segunda ciudad porque el letrado que tiene el estudio en la calle Libertad es muy conocido aunque en las últimas semanas desapareció de la ciudad.
El «contacto» que llegaba de Buenos Aires fue buscado por los estafados de Clorinda en el hotel casino Howard Johnson, pero de allí «se borraron sin dejar rastros» y tampoco pagaron la cuenta del alojamiento.
A NIVEL NACIONAL
Los delincuentes se presentaban como asesores de legisladores nacionales y ofrecían un buen negocio: comprar automóviles de lujo supuestamente retenidos en la Aduana. Los interesados recibían por fax papeles que garantizaban la «legalidad» de la operación. Si alguno desconfiaba y buscaba en Internet los nombres y cargos que figuraban en la documentación, no encontraba datos sospechosos.
Incluso la transferencia de dinero debía realizarse a nombre de Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados. Todo parecía estar en orden para las víctimas. Pero… -supuestamente- se trataría de una trampa, de una estafa muy bien urdida por la que, finalmente, esta semana fueron procesadas cuatro personas.
Los delitos y estafas cometidos en Formosa ni se investigan. La diferencia con la modalidad nacional es que en nuestra provincia con facturaciones y la intermediación de un conocido abogado de Clorinda la plata de las señas y los adelantos se la llevaban en efectivo pero facturados por el letrado.
En Buenos Aires el juez federal porteño Sebastián Casanello ordenó el procesamiento de los sospechosos tras una investigación que llevó incluso a seguir en forma física cables de teléfono para dar con la banda, que se apropiaba y descartaba líneas mediante largos recorridos de conexiones clandestinas.
El método de la estafa consistía en convencer a potenciales clientes de las ventajas de comprar vehículos con destino a remate a través de un acuerdo con las autoridades del Congreso.
Una vez cobrada la transferencia por el 10% de la operación, se desconectaban las líneas fijas empleadas para la estafa y los miembros de la banda se convertían en fantasmas. La Justicia pudo identificar a una decena de afectados que giraron al menos 198.290 pesos a la organización criminal, según consta en la resolución de Casanello, difundida por el Centro de Información Judicial.
La causa se inició en noviembre pasado, cuando el propio Domínguez se presentó en los tribunales para denunciar el uso de su nombre para engañar a incautos compradores de vehículos. El presidente de la Cámara baja fue advertido de esa situación por la legisladora Adriana Puiggrós, enterada, a su vez, por un damnificado de la estafa.
Las víctimas eran elegidas entre comerciantes y ganaderos del interior del país, quienes recibían una primera invitación por fax, con membretes oficiales y sellos que daban credibilidad al contenido, para participar de compras de vehículos organizadas por un supuesto «Organismo Nacional de Regulación de Importaciones y Exportaciones». En esa propuesta figuraban teléfonos fijos de contacto. Cuando el interesado en comprar llamaba, el engaño se ponía en marcha.
Con intercambios por escrito y comunicaciones telefónicas se llegaba al arreglo de un pago de adelanto y supuestas tasas que variaban, en las operaciones, entre 20.000 y 40.000 pesos. El giro se realizaba mediante la empresa Western Union a nombre del diputado Domínguez. A partir de ese momento, la banda desaparecía.
El dinero era cobrado mediante documentos adulterados en una sucursal de Florencio Varela cuyo propietario fue procesado por Casanello como parte de la organización criminal.
La maniobra de cobro expuesta por la Justicia apuntó al uso de fotocopias de un DNI a nombre de Julián Domínguez y con número coincidente con el original, pero con la fotografía de otra persona.
El sospechoso señalado como líder de la banda es un hombre de 48 años, con antecedentes penales por otras 33 estafas. Además de la identidad de Domínguez, los estafadores se apropiaron de los nombres de los diputados nacionales Jorge Rivas y Luis Basterra para cobrar giros de comisiones a sus nombres enviados por los damnificados.
La investigación judicial y las escuchas telefónicas dejaron en claro que la única relación de los legisladores con la banda era el uso que ésta hacía de sus nombres y cargos. En los allanamientos se encontraron documentos preparados para ser usados en otros engaños con nombres de la diputada nacional Diana Conti y del senador Miguel Ángel Pichetto.
Los integrantes de esta banda fueron detenidos el 3 del actual, al ordenar la Justicia la irrupción policial en sus domicilios.
Allí también fueron encontrados otros elementos que permitieron a Casanello verificar la magnitud de la operación de estafa. Es que no sólo se hallaron en esos lugares pruebas del uso de las identidades de los legisladores, sino que además fueron secuestrados una importante cantidad de documentos en su versión de libreta de tapa dura listos para ser usados. Esos DNI contaban con diferentes números e identidades y carecían de fotografías, por lo que la Justicia estima que los sospechosos usarían ese material para dar mayor solidez a la defraudación. También contaban con al menos seis cédulas de identidad a nombre de otras personas, por lo que tendrían un fácil acceso a originales de esa documentación.