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Inseguridad, un problema complejo que no es competencia directa de la Justicia

Opinión

Inseguridad, un problema complejo que no es competencia directa de la Justicia

Escribe: El Imparcial (malo conocido)

La inseguridad o la falta de seguridad es un problema social complejo, con distintas aristas y facetas, que preocupa cada vez con mayor vehemencia a los distintos actores de la comunidad. De allí que pretender cargar las culpas de esta situación de zozobra al Poder Judicial es, cuanto menos, superficial, irresponsable, parcializado.

En primer lugar es imperioso saber que resulta ajeno a las facultades de los magistrados todo lo relativo a la prevención del delito. Al Poder Judicial le llegan los problemas concretos, el delito ya consumado, como resultado del fracaso de otros estamentos y de las políticas que en materia de prevención y previsibilidad pudieran haberse aplicado.

Así, en este contexto, las facultades del juez o fiscal se limitan a la aplicación -para el juzgamiento del autor de un hecho delictivo- de las leyes dictadas por el Poder Legislativo, en el marco reglamentado por el Poder Ejecutivo.

En igual sentido también debe saberse que las excarcelaciones o exenciones de prisión son dispuestas o desestimadas con estricto apego a la normativa de aplicación, cuya modificación no depende de los jueces ni fiscales, y que incluye el respeto de la constitucional presunción de inocencia y la consideración de informes sobre antecedentes penales, salvo en los casos de excepción específicamente habilitados.


Lo mismo ocurre con las penas aplicadas por un juez o tribunal a quien resulte condenado por un hecho delictivo. La escala penal está taxativamente fijada en el Código Penal Argentino, de acuerdo al tipo de delito y la forma en que fue cometido, estableciéndose límites mínimos y máximos en cada caso.

brunelli nfEl juez no es un librepensador. Es un hombre formado en las leyes y capacitado para administrar justicia que debe ceñirse a la Constitución Nacional y a todo el plexo normativo que son la base y estructura de funcionamiento de las instituciones democráticas. Cualquier apartamiento de los magistrados con relación a esos extremos los colocaría en situación de un proceso de remoción por mal desempeño. Y si bien hay magistrados que se equivocan, es preciso aclarar que la Justicia no nada tiene que ver, al menor en forma directa o exclusiva, con la inseguridad.

Tampoco puede desentenderse y mirar para otro lado, ya que es un problema que afecta al conjunto de la sociedad y el Poder Judicial es una institución que forma parte del Estado y una de los pilares fundamentales del sistema de derecho vigente.

Desde esta mirada, la sociedad anhela que en un futuro no muy lejano el Poder Judicial ejerza y cumpla el rol de colaborar en las grandes transformaciones que necesita nuestro país, abandonando el histórico concepto de que los poderes judiciales solo han sido concebidos para conservar el orden existente, y pasar así a ser un actor institucional que participe para transformar la sociedad y no solo conservarla.

FALTA DE RESPUESTAS 

El reclamo de la gente se impone cada vez con mas fuerza pero pareciera chocar con una barrera de impotencia habida cuenta la falta de respuesta adecuada de la DIRIGENCIA POLITICA, que es la que tiene la obligación de abordar y ocuparse del tema de la inseguridad.

A partir de experiencias de sociedades que han sufrido este flagelo se pude colegir que se necesita una política de Estado firme, decidida y contundente, pero para esto es menester que las autoridades tomen la decisión política de avanzar en esa dirección, lo que supone en una primera etapa de costos políticos. Pero que si las acciones son efectivas, los beneficios de la política adoptada se dejan ver con rapidez.

Por supuesto que se trata de una cuestión compleja en la que el voluntarismo sirve de poco. En rigor de verdad se necesita de una organización muy afinada en la consecución del objetivo, con una importante inversión económica en estructura operativa, tecnología, capacitación y retribución salarial en los distintos planos de gestión, de acuerdo con un planeamiento por objetivos.

Por sí solo, el reclamo contra la inseguridad no supera el alcance de una manifestación declamatoria e impotente. Si los vecinos quieren que el problema se resuelva deben exigir a los dirigentes políticos y profesionales las medidas y programas de corto, mediano y largo plazo, que en la experiencia internacional acumulada han servido probadamente para avanzar en estas cuestiones.

Involucrarse, exigir y controlar los resultados de los programas que se pongan en marcha son cuestiones que la comunidad debe asumir. Es la manera de evitar que queden en las exclusivas manos de protagonistas, a menudo corruptibles, que terminan declamando sus logros mientras hacen como el tero, que “pone los huevos en otro lado”.

LA SOLUCIÓN NO ESTÁ EN MANOS DE LOS JUECES.

 

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