La jueza Federal, con competencia electoral, Zunilda Nerinperger, desestimó anoche la medida cautelar presentada por APDH-Formosa, referida a las sustracción de DNI a miembros de comunidades aborígenes de Misión Tacaaglé, La Primavera, Las Lomitas e Ingeniero Juárez.
La magistrada se respaldó en los informes de personal de Gendarmería Nacional que le informaron desde los lugares cuestionados que no pudo corroborarse los hechos denunciados.
En el caso de Misión Taacaglé, se visitó a un concejal acusado de retener dos DNI, pero éste negó rotundamente la acusación. También se tomó contacto con los denunciantes que no ofrecieron precisiones contundentes que conduzcan a una investigación concluyente.
LA DENUNCIA DE LA APDH
La rubricaron Ismael Rojas y Elvira Berta El Gandur, al considerar que se violaron “los derechos constitucionales y humanos de aborígenes. Patrocinados por Roxana Silva, en el escrito relatan que “miembros, militantes y simpatizantes del partido Frente para la Victoria se apersonaron a las comunidades indígenas de Las Lomitas, Misión Tacaagle, La Primavera e Ingeniero Juárez, quienes han sido víctimas de las sustracciones de sus DNI y privaciones ilegitimas de la libertad”.
“Desde las primeras semanas del mes de octubre del corriente año, los dirigentes y/o simpatizantes del FPV se apersonaron en sus comunidades procediendo a entregarles unas bolsitas conteniendo mercaderías varias, y en muchos casos sumas de dinero, requiriéndoles a cambio la entrega de su DNI, a los cual accedieron ante su estado de necesidad de contar con esos alimentos y en el entendimiento que le sería devuelto, cosa que no ocurrió hasta la fecha, por lo que su DNI se encuentra en poder de tales personas. Ante la necesidad de contar con su documento, solicitó a los nombrados la entrega del mismo, a lo que han hecho caso omiso”, aseguraron los miembros de la APDH.
“Lo denunciado implica una grave transgresión a las normas electorales nacionales que amerita suficientemente la inmediata intervención de la Justicia, toda vez que se trata un delito electoral encuadrado en la normativa antes señalada, con perjuicio para los ciudadanos indígenas que no podrán ejercer su derecho cívico de elegir”, entendieron. Agregaron que la cuestión denunciada “tiene vinculación directa con la contienda electoral, implicando –por ende- la privación del ejercicio del derecho cívico de los ciudadanos indígenas, quienes no podrán emitir su voto por carecer de su documento nacional de identidad, mientras que podríamos hallarnos frente a un verdadero delito electoral con la posibilidad de utilización de esos documentos por otras personas o grupos en beneficio propio”.
Finalmente, revelaron que recibieron “denuncias verbales en forma directa y telefónica, de que en los barrios Viejo, Anaquin y San Martín de la localidad de Ingeniero Juárez no solo se les ha sustraído sus DNI sino que los integrantes de las comunidades indígenas se encuentran encerrados y privados de su libertad en las unidades básicas que allí funcionan”.
