El presidente del radicalismo formoseño, Martín Hernández cargó duramente contra la decisión del gobierno nacional de seguir sosteniendo el piso del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que provoca un descuento fenomenal en el salario de los trabajadores y jubilados, afirmando que el impuesto a las ganancias es el nuevo impuesto solidario que aplica el gobierno para exprimir al trabajador.
El actual descuento a los salarios de los trabajadores por aplicación del impuesto a las ganancias es el nuevo impuesto solidario, sostuvo el diputado.
Es una decisión política del gobierno, que dispone, prefiere y elige dar un manotazo al bolsillo de los que menos tienen para contribuir a la discrecional y arbitraria distribución de los fondos públicos que realiza el gobierno, teniendo otras opciones, ya que bien podría dirigir su voracidad fiscal hacia otros destinos, como la renta financiera, o el juego, pero su decisión política, su opción es descontarles a los trabajadores.
Nosotros podemos decir con autoridad, que queremos que esto se modifique. En el orden nacional, nuestro diputado Ricardo Buryaile, ha presentado un proyecto de Ley para modificar la Ley 20.628 que se encuentra cajoneado por un gobierno que se dice nacional y popular pero que en los hechos actúan como fieles custodios de las corporaciones financieras; y en el orden provincial hemos requerido en la Legislatura con un proyecto impulsado por el Diputado Osvaldo Zárate un proyecto para instar a los legisladores nacionales que se avoquen al tratamiento de la modificación de este impuestazo a los trabajadores.
Los formoseños conocemos muy bien esta situación, de solventar con el bolsillo de los trabajadores la fiesta de gobiernos mal administrados, cuando en el año 1995 el gobierno de Gildo Insfrán implemento un impuesto mal denominado “solidario” que le sacó a los trabajadores porcentajes de hasta el 15% sus salarios, que jamás fueron devueltos.
Lo mismo está sucediendo hoy, manteniendo un piso del mínimo no imponible tan bajo, circunstancia que permite al gobierno meter mano a los salarios de miles de trabajadores que cada vez están más lejos de llegar a fin de mes, mientras se tiende una alfombra roja a capitales provenientes del narcotráfico, la especulación financiera y el lavado de dinero, para que vengan al país sin cobrárseles absolutamente nada, o cuando se mira al costado para que la renta financiera goce de plena salud.
Esto se modifica con decisión política, y está demostrado que este gobierno, tanto nacional como provincial cuando dicen vamos por todo, también están yendo por los salarios y por la dignidad. Hay que poner en el congreso más gente que esté comprometida públicamente con modificar la Ley en beneficio de los trabajadores buscando alternativas verdaderamente progresistas.
