El Área de Derechos Humanos y Grupos Minoritarios de la Defensoría del Pueblo de Formosa, expresó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al suspender el relevamiento técnico- jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por Pueblos Originarios en nuestra jurisdicción y por otro lado determinar que la Provincia de Formosa no participe del mismo, vulnera groseramente la autonomía provincial que se encuentra consagrada en la Constitución Nacional en las Leyes dictadas al efecto.
Por otro lado, el Ombudsman Provincial, Leonardo Gialluca, expreso que la C.S.J.N al apartar a la Universidad Nacional de Formosa – U.N.A.F- del proceso judicial, “nos está diciendo que no posee competencia legitima para actuar en este trámite”.
Por esto, lo llamativo del actuar de la Corte es que en ningún momento declaro su competencia en esta causa que es lo primero y esencial que tendría que haber realizado y por otro lado, en la actualidad pretende, de oficio imponer plazos a un Estado Provincial, convirtiendo a la cuestión de la Comunidad Qom de la Primavera, en un caso teñido por diversos matices políticos y en los que se ha llegado al extremo de desconocer ordenamientos y planificaciones que dentro de la Ley ha llevado y llevara adelante nuestra provincia.
Con estas posturas, se alienta a que aborígenes amparados en la Ley Nº 26.160 del año 2006 que declaro la emergencia en la posesión y propiedad de las tierras de las Comunidades Indígenas con el fin de evitar ejecución de sentencias sobre las mismas, actos procesales o administrativos por un tiempo determinado que luego se prorrogo hasta el presente año en curso; invoquen “tener derechos ancestrales sobre determinadas regiones”, lo que desde ya la constituye en algo inviable y es justamente lo que promueve el conflicto permanente entre las partes y no la búsqueda de resoluciones pacificas.
La conducta asumida por la C.S.J.N no ayuda a nadie y menos a los Pueblos Aborígenes, sino que lo único que ha logrado es crear mayor desconfianza y derribar todo el trabajo que se venía llevando adelante y que seguramente muy a pesar de la Corte se continuara ejecutando.
El Defensor del Pueblo, señalo que dadas así las cosas en la actualidad, la causa debería ser llevada adelante por la Justicia Provincial y darnos cuenta y decirlo claramente que en todo esto existen grupos de antropólogos, políticos, religiosos, que utilizan a los aborígenes con el objetivo de desintegrarlos, desconociendo aviesamente que los Pueblos Indígenas son ante todo Comunidades de nuestra provincia, sea cual fuere el departamento en que se encuentra viviendo en la actualidad; cuando por otro lado expresan como lo hace la Corte que en realidad “los están protegiendo” y defendiendo de genocidios y/o persecuciones que únicamente nacen y se originan de los grandes multimedios nacionales al cual ahora en los últimos tiempo se le ha sumado esta C.S.J.N, que exclusivamente se encuentra protegiendo “sus derechos económicos ancestrales”, sin darse cuenta que la sociedad demanda otra conducta de los integrantes de este máximo tribunal que tiene exclusivos privilegios como los de no pagar el impuesto a las ganancias, que todos los mortales que trabajamos las 24 horas del día debemos que abonar a la AFIP religiosamente.