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Con el almanaque en la mano, el estado provincial «reestatizó» el servicio de energía eléctrica que había pasado a manos privadas en diciembre de 1995. Con el período de altas temperaturas del verano y sus consecuentes cortes atrás, ahora el gobierno provincial se tomará el tiempo de «sanear» el deplorable estado de EDEFOR. Situación «archidenunciada» -tarifas y calidad del servicio- por el radicalismo y el Defensor del Pueblo (antes de la intervención). NOTICIASFORMOSA HABIA ADELANTADO EL DATO 10 DIAS ATRÁS.
En su sesión ordinaria de la víspera, presidida por Armando Cabrera (PJ), la Cámara de Diputados puso de esta manera punto final al contrato con Edefor y otorgó la concesión del servicio de distribución de energía eléctrica a la empresa Recursos y Energía Formosa Sociedad Anónima (REFSA), que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, plazo que el Poder Ejecutivo podrá prorrogar por un período adicional de 120 días.
El proyecto del Ejecutivo para echar definitivamente a Edefor se basa en un informe del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, a tenor del resultado de la auditoría dispuesta por el Ministerio de Planificación, Inversión, Hacienda y Finanzas.
En tanto, la ejecución del programa de reordenamiento eléctrico deberá tener en cuenta los siguientes puntos: la sustentabilidad económica y la calidad de los servicios; el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; la seguridad de las personas y la preservación del medio ambiente.
La ley sancionada por la Legislatura -que contó con 20 votos favorables del justicialismo mientras que los 8 integrantes del radicalismo votaron en contra- establece además la expropiación de todos los bienes de uso propiedad de Edefor afectados a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica. A tal fin, se dispone la compensación de todos los créditos existentes a favor de la Provincia contra Edefor, a cuyo efecto la Comisión de Tasaciones, dependiente del Ministerio de Economía, procederá a la valuación de los bienes, conforme el inventario que le suministrará el Ministerio de Planificación.
EMPLEADOS
El Poder Ejecutivo tomará inmediata posesión de estos bienes aportándolos a REFSA SA para la prestación del servicio concesionado.
Asimismo, la ley ordena al Ministerio de Planificación adoptar los recaudos necesarios para incorporar a REFSA SA a todos los trabajadores registrados bajo relación de dependencia laboral en Edefor, que así lo deseen, a quienes se le respetarán las condiciones laborales que revistan a la fecha.
Se establece también que a partir de la promulgación de la ley, la Provincia y REFSA SA quedan eximidas de toda responsabilidad por los hechos y actos realizados por Edefor SA.
Asimismo, REFSA asume la deuda que pudiere existir con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista de Electricidad (CAMMESA) por el abastecimiento eléctrico a la provincia, a fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio de energía eléctrica.
En otro artículo de la ley, se destaca que el Ministerio de Planificación restituirá de inmediato las acciones Clase A de Edefor a su titular, cesando la intervención y las funciones de los directores, una vez que aquellas sean entregadas o consignadas judicialmente.
También se aprueba la gestión cumplida por la intervención de Edefor y por el directorio oportunamente designado.
Queda establecido, además, que antes del vencimiento de los plazos de la nueva concesión, el Poder Ejecutivo elaborará un proyecto de reformas al Marco Regulatorio Eléctrico Provincial, ajustado a los requerimientos de la ley sancionada. Asimismo, confeccionará el contrato de concesión comprensivo de todas las actividades del servicio eléctrico, y el Plan Quinquenal de Desarrollo Eléctrico Provincial, quedando la ejecución de ambos a cargo de REFSA SA.
FUNDAMENTOS
En los fundamentos de la iniciativa, el Ejecutivo señala que el proyecto de ley “se encuentra motivado en la crítica situación existente en Edefor, lo que torna ilusoria la posibilidad prevista en el contrato de concesión otorgado a su favor, de licitar sus acciones Clase A a fin de sustituir al titular de dichas acciones, como modo de producir un cambio de gestión ante los graves incumplimientos contractuales oportunamente verificados y que dieron lugar a su intervención por Ley 1540”.
Indica que a estas causas “se suma la necesidad de adoptar decisiones sobre el futuro del sistema eléctrico de la provincia, las que surgen del informe realizado por la intervención en Edefor, lo que ha permitido verificar su estado patrimonial crítico, un grave deterioro de los bienes de uso y la ausencia, en las oficinas de la sociedad, de documentación relativa a su administración”.
El Ejecutivo advierte que también se ha verificado que “desde el año 2007 a la fecha sus estados contables no han sido aprobados por la asamblea general ordinaria de la sociedad, que siempre los balances fueron confeccionados con notorios atrasos y que los mismos muestran una generalidad tal que poco dicen sobre el verdadero estado de la sociedad”.
Más adelante, el Poder Ejecutivo deja expresa constancia que “las razones por las que se revoca la concesión y se otorga una nueva, son, precisamente, el virtual abandono del servicio y una gestión deficiente y plagada de sospechas de vaciamiento de la empresa y un accionar en detrimento de los usuarios”.
“IRRESPONSABILIDAD”
El radical Martín Hernández lamentó la actitud del oficialismo de “negarse una vez más al debate y a la discusión de un proyecto tan importante”, denunciando que el Ejecutivo “una vez más nos tira esto para que lo tratemos sin el menor análisis, y pone de rodillas al Poder Legislativo”.
Tras aclarar que “desde hace tiempo” el radicalismo pidió que se anule el contrato con Edefor, Hernández dejó en claro que “esta no es la forma, porque se está cometiendo una irresponsabilidad y exponiendo a la provincia y a los formoseños a un enorme perjuicio económico”.
Al respecto, sostuvo que se deben tomar todos los recaudos para que la provincia quede bien resguardada jurídicamente. En tal sentido, recordó que la UCR presentó el año pasado un proyecto para convocar a una audiencia pública y en el término de 40 días expedirse y tomar una decisión con todos los resguardos jurídicos. “La provincia va a tener problemas jurídicos con esta medida”, señaló.
También sostuvo que con esta medida “el Gobierno reconoce que se ha equivocado, y feo, en materia de política energética”, y advirtió que “desde el oficialismo siguen improvisando y manejándose fuera de la ley”.
Por su parte, Agustín Samaniego, presidente de la bancada justicialista, aseguró que se tomaron todos los recaudos y calificó de “exitosa” la planificación hecha por la provincia en materia de energía, recordando que se está haciendo frente a un constante crecimiento de la demanda de electricidad merced a las obras que se ejecutan en todo el territorio provincial.
También aseguró que con esta medida “no se está afectando el patrimonio provincial”, y fustigó a la oposición por negarse a apoyar una medida “que significará una mejora en el servicio de electricidad para todos los formoseños”.
Fuente: La Mañana