El estado de las viviendas entregas, luego de más de una década de estar finalizadas pero sin infraestructura, son motivo de polémica entre empresas constructoras, nuevos propietarios y el rol del IPV.
TODOS OPINAN
Y varios con razón, especialmente los adjudicatarios. Ellos dicen que la mayoría de las casas «están un desastre» y que algunas tienen «rajaduras, la instalación eléctrica está incompleta» o que «no tienen bidet».
Claro, el costo de las cuotas «son altos» y por ello las exigencias son mayores.
Otros señalan que «se dieron casas a gente que no necesita, como un ex ministro y un juez». Situación que no se puede corroborar «porque no se publica la lista de los beneficiarios como se hacía en la época de el (el ex gobernador) Vicente Joga».
LOS EMPRESARIOS
Ellos argumentan que «el largo tiempo que pasó desde que se terminaron las obras y el día de entrega de las mismas» hizo que «lógicamente» muchas de ellas se vea deterioradas.
De igual modo «en voz baja» saben que «algunas empresas» no hicieron bien las cosas «y eso se nota». A la vez lamentan que «culpa de unos pocos» el «que paga los platos rotos es el propio gobierno».
Mantener los inmuebles durante tantos años, porque no se culminaban las obras de infraestructura (pavimento, desagues, etc) derivó en esta situación «casi incontrolable. Los vecinos tienen razón» enfatizan los que «siempre» dan la cara.
Ocurre que hay empresarios de la construcción que se «esconden detrás de una sigla o una S.A. o una SRL» y son «desconocidos» para el común de la gente.
EL IPV
El organismo «rector» de las viviendas «mira para otro lado», pero mientras tanto, «perdieron hasta las llaves de las viviendas», dejan que falsos empleados de EDEFOR «bajen la luz» por 20/50/70/80 pesos» se quejan los nuevos dueños que deben abonar cuotas que van desde los 350 a los 570 pesos.