De esa manera, el tribunal de alzada rechazó los planteos de recursos de apelación de los imputados respecto a la resolución del juez federal número 2, Eduardo Valiente, quien determinó el procesamiento de los ex funcionarios universitarios, por delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública nacional, falsificación material e ideológica de instrumento público, malversación de caudales públicos, estafas reiteradas, y defraudaciones.
Así lo confirmaron hoy fuentes judiciales, señalando que las partes ya fueron notificadas. Los imputados, a partir de ahora, tienen diez días para apelar la decisión de la Cámara Federal, y recurrir a Casación.
Cabe señalar, además, que Valiente, en una resolución dictada el 28 de octubre de 2009 dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, de Felipe De Andrés Fernández por el presunto delito de estafa en reiteración de hechos y fraude en perjuicio de la administración pública. Fernández es el representante legal del Instituto Cibernos SA, con sede en Madrid, España, entidad con la cual Dalfaro suscribió los convenios que fueron invalidados por el Consejo Superior y la Asamblea Universitaria, y que dieron origen a esta causa investigada desde la justicia y de la universidad.
También derivó en la destitución de los cargos de los presuntos implicados, mediante resolución de la Asamblea Universitaria de la UNaF.
Una de las más graves acusaciones contra los principales imputados es la supuesta emisión de títulos apócrifos, mediante el convenio con el instituto Cibernos y Word College, a 17 estudiantes españoles. Además de las serie de irregularidades administrativas, académicas y económicas que se detectaron en la investigación, como parte de la gestión de Dalfaro y Quijano, según consta en las resoluciones judiciales.