El ex juez federal José Luis Vivas y el ex comisario general y ex ministro de Gobierno (gestiones Joga e Insfrán) Elvio Borrini se presentaron para responder al requerimiento de la querella en la causa Colombo que llega a la etapa final de testimonios.
“¿Y el fiscal que hacía?”
Ex juez José Luis Vivas, con más de 40 años de trayectoria judicial, fue requerido sobre declaraciones de varios testigos donde lo involucraban como funcionario funcional a las directivas del ejecutivo provincial de facto.
En un principio afirmó que en la única oportunidad que intervino fue cuando el ejecutivo le dio una lista de detenidos para que le instruya sumario.
Lo hizo y comprobó que ninguno tenía responsabilidad alguna. Pero al leérsele la frase que aportó Elsa Chagra en la cual el juez le contesta que “a mí me mandaron una lista de culpables a quienes tengo que encontrar un delito”, no solo la negó, sino que a requerimiento del fiscal, también negó que haya afirmado que los militares le dieron una lista.
Dejó en claro que como juez federal seguía las directivas del ejecutivo quien había establecido que eran los jueces quienes debían ir a ver a los presos para tomarle indagatoria y no al revés como marca el procedimiento judicial.
En el caso de Elsa Chagra tuvo que trasladarse hasta el penal de Devoto.
Se le hicieron recordar los casos de Alberto Britez, Ñaño Gauna, y Osiris Ayala. El caso de Monchi Diaz, que además era su vecino de cuadra fue dramático. Porque después de explicar que siempre daba curso a los habeas corpus, y cumplía los requisitos procesales en este tipo de solicitudes de paradero, se le informó que en el pedido elevado por la familia Diaz no se le había dado curso alguno. A lo cual respondió “¿Y el fiscal qué hacía?”
Borrini
El ex comisario general Elvio Borrini, con 52 años relacionado directa o indirectamente con la institución policial, prestó declaración indagatoria en calidad de testigo.
Aseguró, con respecto a los ascensos por méritos extraordiarios, que la institución policial debe fundamentar dicho mérito por actos donde los involucrados hayan puesto en riesgo su propia vida.
Aseguró además que los decretos respectivos, normalmente no son de carácter reservado. Con lo cual aportó para caracterizar el marco en que se originaron los decretos reservados con los que se asciende por mérito extraordinario a los agentes del destacamento San Antonio.
Aseguró además, sobre este destacamento, que les llamaba la atención por qué razón los militares habían convertido un destacamento de cuatrerismo en un centro de detención si no cumplía los requisitos para tal finalidad.
Con tal afirmación se refuerza la comprobación, para los querellantes, de que efectivamente en dicha unidad, durante la dictadura, funcionaba un lugar de detención, tal como lo señalan los sobrevivientes.
Dijo conocer al jefe policial paraguayo Pastor Coronel, pero negó cualquier vinculación con respecto a trabajos de inteligencia conjuntos. También afirmó conocer a Monchi Diaz, Hilario Ayala y a Dionisio Espinosa. No así a Santos Eudacio Rios. Con Dionisio Espinosa caracterizó una relación amistosa.
De Hilario Ayala no solo lo describió como un enfermo que padecía una “sicopatía, con delirio de persecución”, sino que acercó al TOF la historia clínica del hospital Borda donde fuera internado.
Con respecto a Monchi Diaz, afirmó que tuvo “un mal comportamiento institucional”.
Cuando se le dijo que existían acusaciones de Monchi Diaz ante la plana mayor de la policía, sobre irregularidades en la Mutual Policial durante la gestión de Borrini como presidente de la entidad que originaron la investigación llevada adelante en 1976, respondió que en ese momento Diaz se encontraba en Pozo del Tigre, y no en el sector contable central de la mutual. Y sobre lo que ocurrió con tal investigación no tenía conocimiento por no estar en funciones en dicha fecha.
Afirmó que existía una Dirección de Informaciones, que no dependía del ministerio de gobierno sino directamente del gobernador.
Con lo cual, de acuerdo a la querella, se compromete la situación de Colombo, al desnudarse la estructura de funcionamiento interna con respecto a la represión y la responsabilidad inmediata del gobernador sobre la misma.
Todos los testigos corroboraron que no hubo ningún hecho en Formosa de características llamadas “subversivas” durante el gobierno de facto.