El máximo tribunal provincial consideró que se estaba ante un caso de gravedad institucional por la existencia de varias personas en los mismos cargos que se arrogan la calidad de autoridades del Concejo Deliberante, lo cual constituye un escándalo jurídico y político de envergadura, que justifica el tratamiento de la cuestión con habilitación de día y hora.
En ese marco el STJ adopto varias medidas: en primer lugar ordenó a los concejales Francisco Mendoza y Juan Carlos Martínez, como así también al secretario del Concejo Deliberante, que en el plazo de 24 horas de notificados, hagan inmediata entrega de las llaves del recinto, del Libro de Sesiones y demás Libros del órgano deliberativo, debiéndose realizar un inventario de los bienes del mismo Concejo.
Paralelamente, designo al intendente Municipal de Ingeniero Juárez depositario de los bienes cuya cautela se ordena. El STJ no tomo ninguna medida respecto a bloqueo de fondos del Concejo en el Banco de Formosa S.A., porque su adopción implicaría resolver la cuestión principal y, convalidar o no, en el medio de una medida cautelar, quien de todos los miembros del Concejo está facultado a disponer el movimiento de cuentas oficiales.
Otra medida adoptada por el STJ tiene que ver con el pedido a los demás miembros del Consejo, del envío de todos los antecedentes del conflicto, los cuales deberán ser remitidos dentro de los cinco días para poder ser resuelto el mismo a la mayor brevedad.
Si no se remite en el plazo indicado, se resolverá con los elementos aportados por los concejales que se presentaron ante el STJ. Todas estas medidas ya fueron notificadas a sus destinatarios.
Por insólito que parezca, todo el problema radica en las pretensiones por presidir el cuerpo legislativo municipal, planteado por concejales de un mismo partido político, problema menor que sin embargo mantiene paralizado al cuerpo deliberativo y causa serios problemas a los empleados del organismo, que no pueden cobrar sus haberes, ante el bloqueo de las cuentas oficiales realizado por el Banco local para prevenirse de libramientos de cheques no autorizados.
Los memoriosos recuerdan que ante conflictos parecidos, el STJ termino imponiendo las costas a los concejales para ser soportadas con su patrimonio personal.