“Mientras que en Buenos Aires, el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, se puso a la cabeza del reclamo contra el tarifazo, aquí los funcionarios provinciales hicieron lo contrario; salieron a defender el aumento”, señaló.
“Uno de ellos llegó al extremo de cuestionar a una jueza civil que cumplió con su deber dando trámite a varios recursos de amparo contra EDEFOR; me parece una barbaridad que desde el poder político salgan a descalificar y amenazar jueces por ser independientes”.
“Yo también fui criticado porque como abogado pedí a la Justicia que se suspenda el incremento de la tarifa. Estoy defendiendo mi derecho como usuario, y los derechos de mis clientes. ¿Acaso ahora en Formosa ya no podemos reclamar cuando quieren aumentarnos más del 100% el precio de un servicio público?” se preguntó Hernández.
“Quiero aclarar –dijo– que no solamente tienen derecho al amparo los jubilados y los usuarios de menores consumos; también la clase media y los comerciantes tienen derecho a defenderse contra un aumento grosero, irracional e ilegal, que ni siquiera fue publicado con la debida antelación, para que se informen los usuarios antes de entrar en vigor”.
“Este es el primer derecho del consumidor: saber el precio que le van a cobrar por un producto, y con más razón cuando se pretende aumentar la tarifa de un servicio público esencial, como es la energía eléctrica; por eso la Ley 1.121 es muy clara en su artículo 47º donde dice que toda modificación del cuadro tarifario debe ser publicado antes de entrar en vigencia, para conocimiento de los usuarios, para darles la posibilidad de oponerse o cuestionar el incremento”, explicó Hernández.
“Aquí esto no se cumplió; recién nos enteramos de la magnitud del aumento cuando recibimos las boletas de EDEFOR en nuestras casas”, agregó. “Los usuarios deben asesorarse para que no les cobren ese incremento ilegal”.
“La que no necesita asesoramiento ni abogados es EDEFOR, porque la defienden los funcionarios del gobierno, que se pusieron la camiseta de la empresa, atacando y criticando a todos los que reclaman por el tarifazo”, agregó.
“Creo que es una obligación de quienes ocupan cargos públicos defender los derechos de los ciudadanos antes que los intereses de las grandes empresas; pero parece que aquí en Formosa esto es al revés”, finalizó diciendo el Dr. Gabriel Hernández.
