El Defensor del Pueblo, José Gialluca, reconoció que el cuerpo de profesionales del derecho que integran el organismo, evalúo la posibilidad de accionar judicialmente contra el nuevo cuadro tarifario, concluyéndose que el incremento dispuesto respecto del mismo ha seguido el procedimiento normativo vigente para su aprobación, conforme lo impuesto desde la SEN.
El funcionario precisó que el abrupto incremento afecta a un porcentaje cercano al 10 % de los usuarios del servicio, pues un 90 % del padrón de clientes de EDEFOR S.A. se halla actualmente con una tarifa subsidiada por el Estado Provincial, no obstante lo cual, desde el Organismo de la Constitución su titular reconoció que median situaciones particulares que deben ser contempladas, como la de los que no pueden afrontar el pago de sus facturas, de no acceder a facilidades extendidas.
Por otro lado, el caso de personas imposibilitadas de afrontar el costo del servicio los que, previo a acreditar su condición, por regla, desde hace años, reciben el beneficio de la tarifa subsidiada.
Conforme el análisis realizado “no median fundamentos para accionar judicialmente ”, dijo Gialluca, dado que además de haberse seguido el procedimiento que confiere legalidad a la variación de tarifas, en jurisdicción provincial, lo que descarta la ilegalidad, no podemos siquiera echar mano de la irracionalidad del aumento, a la manera que lo hizo el Lic. Mondino, Defensor del Pueblo de la Nación, pues los clientes de EDESUR y EDENOR tienen ciertos componentes en su facturación que motivaron subas de hasta un 1.000 %, como los aumentos al PUREE que, a nivel local, el Estado Provincial, por propia decisión, resolvió absorber y no trasladarlos a los usuarios formoseños.
Para los clientes de Buenos Aires, por ejemplo, por sobre lo tarifado, se le aplican, además, impuestos nacionales, provinciales y otros conceptos que implican 40 %, más sobre el 1.000 % ya ajustado, circunstancia esta que tampoco cabe en Formosa, pues la factura se halla exenta de impuestos.
Final y fundamentalmente, «en nuestra provincia», subrayó Gialluca «no solo existen subsidios a los consumos energéticos domiciliarios, sino que median con relación al 90 % de la masa de usuarios, cosa única en el país, reduciéndose el impacto de los nuevos costos a un número mínimo de usuarios, lo cual no implica que la situación de este menor porcentaje no deba ser atendida, pero concluimos que la cuestión, a nivel local, no puede judicializarse» agregó
El funcionario gildista considera que, «sin perjuicio de otras alternativas que busquemos, por el momento, las acciones pasan por encontrar alternativas para el acceso, del mínimo porcentual de usuarios afectados, a beneficios de excepción, gestión que ya realizamos ante la SEN; mediamos también para la obtención de facilidades para el pago y verificamos cada facturación en particular, respecto de las acciones judiciales»finalizó diciendo Gialluca, en materia de cuestionamiento de tarifas mantenemos una línea histórica, hay que ser serios cuando está en juego el patrimonio de los usuarios y no embarcarlos en aventuras judiciales que, sabemos, están destinadas al desastre”
