“La Justicia tiene prontuario. Los jueces de la dictadura siguen en funciones” titula la periodista Gabriela Vulcano su artículo publicado en el diario Crítica de la Argentina. Se refiere, básicamente, a los integrantes del “Superior Tribunal de Formosa” que “está integrado en su totalidad por magistrados que vienen de la época del terrorismo de Estado”. La noticia también fue divulgada por Crónica TV y Canal 26 de la capital del país. En la foto, Manuel Hang, comparte un acto en la Legislatura junto a legisladores nacionales del PJ de Formosa.
Hay 400 jueces de la dictadura que siguen en funciones, según denunció la Asociación Madres de Plaza de Mayo. No hay más que mirar al Superior Tribunal de Justicia de Formosa: sus cinco miembros, Eduardo Manuel Hang, Carlos Gerardo González, Ariel Coll, Arminda del Carmen Colman y Héctor Tievas ocuparon cargos institucionales en la época del terrorismo de Estado.
Aunque fueron denunciados por organizaciones sociales y de derechos humanos y en diciembre pasado fueron recusados en el caso de una empleada pública que fue despedida “por pensar distinto que sus jefes”, la totalidad de sus integrantes continúa en funciones.
“No pueden impartir justicia quienes socavaron la Constitución y colaboraron con aquellos que violaron los derechos humanos”, denunció Eduardo Davis, abogado querellante en la causa Carrillo, donde se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en Formosa durante la última dictadura militar.
Si bien los cinco miembros del alto cuerpo formoseño juraron por los estatutos de la dictadura, su presidente, Hang, es el más comprometido con los años de plomo.
Apenas se produjo el golpe de Estado, integró el Tribunal por subrogación y luego pasó a desempeñarse como auxiliar de la Asesoría General de Gobierno, junto al ex capitán Carlos Eduardo Domínguez Linares, quien está imputado por “tormentos agravados y asociación ilícita”.
Más tarde, se transformó en fiscal de Estado del gobierno de facto del general retirado Juan Carlos Colombo, que se encuentra acusado de delitos de lesa humanidad y espera juicio para el próximo 10 de febrero.
González fue nombrado fiscal en la localidad de Las Lomitas; Coll ingresó al Poder Judicial en 1978 con el cargo de secretario y luego fue designado juez en Las Lomitas y Clorinda; y Colman fue ratificada en el cargo de secretaria en Clorinda y después ascendida al cargo de jueza de mayor cuantía de la ciudad de Formosa.
Tievas arrastra una historia más compleja: integró el Superior Tribunal por subrogación, pero en 1977 fue detenido y torturado en el Regimiento de Infantería de Monte 29, el principal centro clandestino de Formosa.
Pedro Velázquez Ibarra es un ex detenido desaparecido, abogado querellante en la causa Carrillo y defensor de Rosa Salinas, una empleada del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos que fue despedida por “pensar distinto que sus jefes”. Cuando este caso llegó al Superior Tribunal, el letrado no dudó en recusar a sus magistrados: “Este caso no puede estar en manos de jueces vinculados con el Proceso”, sostuvo.
Para Velázquez Ibarra se está violando “el artículo 36 de la Constitución Nacional, que explicita que quienes usurparon cargos públicos durante un gobierno anticonstitucional están inhabilitados para ocupar esas funciones dentro del sistema democrático”.
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